La Justicia tucumana enfrenta por estas horas el que probablemente sea el mayor de sus escándalos desde la reinstauración de la democracia en la Argentina. Los poderes políticos tuvieron el suyo en 2002, con la denuncia de que el Poder Ejecutivo había pagado $ 2 millones (en las cuasimonedas federales “Lecops”) a los dos tercios del Poder Legislativo para habilitar la reforma de la Constitución. Dos décadas después, se ve, le llegó el turno a los Tribunales.

La denuncia de Enrique Pedicone contra Daniel Leiva, y la contradenuncia del vocal de la Corte contra el juez de Impugnación, son una mirilla desde la cual se puede observar con espanto la crisis sistémica del Poder Judicial. Si hay que reparar los signos con abstracción de los nombres (como tales, siempre cargados de subjetividades), la situación es dantesca.

Un ex camarista denuncia que un miembro del superior tribunal, invocando el nombre del gobernador y del vicegobernador, le pidió que el ritmo y la severidad de la causa contra un legislador opositor no se ajusten al derecho sino a la mayor o menor funcionalidad del parlamentario respecto del oficialismo. Y asevera que tiene grabada esa conversación, acontecida en un bar. Pero de esto hace más de un mes.

El vocal de la Corte, en tanto, niega todo y sostiene que el ex camarista “inventa” esta cuestión como represalia porque fue sancionado la semana pasada por él. ¿La razón? Haber convocado a una audiencia mientras él se encontraba comprendido por una miniferia dispuesta para el fuero penal, sin contar con una autorización legal para actuar en la causa.

El ex camarista, al día siguiente, relata que el vocal ya le había pedido otras dos veces que “manejara” causas. En una, para meter preso al abogado Roberto Toledo, hoy director de YMAD, ayer el patrocinante de la causa por la que se declararon nulos los comicios de 2015. En otra, para declarar inocente al intendente Javier Noguera en una denuncia que tiene casi tantos años como su gestión. Noguera, por cierto, denunció que la última intervención del camarista en la causa consistió en una audiencia no prevista en el código aplicable, tras lo cual se invocó el artículo 24 de la Constitución de Tucumán, donde no aparecen las audiencias.

El miembro de la Corte respondió entonces que el ex camarista busca distraer la atención respecto de las 107 sentencias liberatorias de individuos procesados por crímenes graves, todas ellas dispuestas en menos de un año, las cuales fueron revocadas sin excepción por la Corte. Pero de esto hace unos cuantos meses.

La desnaturalización de la Justicia es tan vasta que, acaso por primera vez, lo que redundaría en el bien de las instituciones y de la comunidad es que los jueces estuvieran mintiendo.


Problemas estructurales

La Justicia está en problemas. Y de los tipo estructural. Una primera aproximación obliga a reparar que todo esto ocurre en un Poder Judicial que este año estuvo de asueto extraordinario durante un mes, que ahora mantiene sus puertas cerradas al público y que tuvo durante finales de agosto al fuero penal en receso. Da vértigo sólo pensar lo que podría haber ocurrido durante un año de funcionamiento pleno.

Una segunda mirada trasciende la denuncia y la contradenuncia para advertir que, en rigor, el Poder Judicial viene profundizando un microclima que lo hace experimentar un sostenido alejamiento de la realidad. Sus miembros cobran sueldos estatales que nada tienen que ver con los que percibe el común de la población. Esas remuneraciones están exentas de impuestos que paga el común de la población. Se jubilan con beneficios previstos de los que carece el común de la población. Y en ese contexto de burbuja de bienestar se dejaron acumular 40.000 causas penales, que pasan al régimen “conclusional” y deberán ser resueltas en un plazo de tres años. Tarea para la cual habilitaron dos salas que, para cumplir con su cometido, deben resolver 18 causas por día cada una, incluyendo sábados, domingo y feriados.

Entonces, si las denuncias y la contradenuncias dicen que la Justicia no está trabajando republicanamente, los hechos están demostrando que tampoco está andando funcionalmente. Y en ello, por supuesto, hay palmarias culpas internas, pero también hay innegables responsabilidades de los sucesivos gobiernos, que nunca tuvieron un plan institucional para el Poder Judicial. Y los sucesivos gobiernos fueron peronistas. No se ha pensado en la Justicia como un poder trascendente para la cotidianidad de la población, sino como un destino dorado para los amigos y las amigas. Y para tantos familiares confiables. Ni siquiera el Consejo Asesor de la Magistratura logró revertir esta situación. El secretario Carlos López, culpable de idoneidad reincidente en la decena de concursos que ganó, es la prueba viviente de que salir primero en un proceso de selección es la principal causal para no ser elegido juez ni fiscal.


Unidades básicas

El indicador de poder que emplea el peronismo tucumano es “la unidad”. Aunque proclamada como un valor fundacional (“todos unidos triunfaremos”, reza la marcha), es también el índice a partir del cual se explica la falta de conflictos internos. Por consiguiente, cuando hay enfrentamientos no hay “unidad” y si no hay “unidad” se está deficitando poder.

En esos términos se analiza desde las alturas peronistas las querellas surgidas durante esta semana entre legisladores que cuestionaron las políticas de gestión de la pandemia del Gobierno tucumano y los concejales que les contestaron de mala manera. Abajo se pelean porque no hay “unidad” real entre Juan Manzur y Osvaldo Jaldo. Claro que hay quienes le achacan la responsabilidad a uno y quienes le endilgan la culpa a otro.

Otro tanto aplican a la lectura de la crisis judicial: no hay “unidad” en la Corte y por eso estallan escándalos como el actual. Analizan que si la sanción contra Pedicone por la supuesta intervención en una causa sin contar con autorización se hubiera dado por unanimidad, el juez no habría planteado la denuncia contra Leiva que conmociona a la Provincia.

El análisis, con independencia de su lógica, revela que para el oficialismo no hay un problema estructural en la Justicia. Es como ese chiste del sujeto que no quiere hacerse estudios bioquímicos porque dice que cada vez que se hace un análisis, se enferma. El problema no es la situación de base, sino la denuncia.

Así que si no hay denuncia, no hay problema.